SEGURIDAD
RECUPERAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD EN ESTEBAN ECHEVERRÍA DEBE SER LA PRIORIDAD
Durante la gestión de Cristian Ritondo como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y de Patricia Bullrich, en la Nación, quedó de manifiesto que la inseguridad exige respuestas decididas, inmediatas y articuladas entre las distintas jurisdicciones, incluyendo al gobierno municipal.
Entre el 2015 y el 2019 Nación, Provincia y algunos Municipios, han dado cuenta de la vital importancia de la coordinación a la hora de planificar la seguridad de los vecinos. Como resultado de esa gestión mancomunada, en tan solo 4 años se logró́ disminuir en un 36% los homicidios dolosos, un 90% de los secuestros extorsivos, un 23,5 % los robos y hurtos de automotores y un 15 % el cuatrerismo, entre otros indicadores.
Es indispensable que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires tenga la decisión política y la convicción de meter presos a los delincuentes para que los bonaerenses de bien podamos salir a la calle con tranquilidad. Esto parece una verdad de Perogrullo, pero resulta necesario aclararlo toda vez que desde su asunción el actual Gobernador Axel Kicillof ha decidido abandonarnos a merced de la delincuencia, el narcotráfico y las mafias, inaugurando su gestión con la liberación de miles de presos mientras al resto de los argentinos nos obligaban a estar encerrados en nuestras casas.
Dicho esto, y entendiendo que por Ley la seguridad pública es competencia y responsabilidad primaria del Gobierno Provincial, estoy convencido de que los gobiernos municipales tienen mucho para hacer en esta materia, y que resultan decisivos a la hora de combatir el delito.
En este sentido, es indudable que la primer medida a implementar de forma urgente es gestionar el aumento de la disponibilidad de agentes de prevención locales, junto con la presencia coordinada de la policía provincial y de las fuerzas federales en áreas de alto riesgo, donde los índices de criminalidad son más altos, garantizando la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para que el patrullaje y el esquema de respuesta ante emergencias puedan ser realmente efectivos.
Pero si bien este eje es fundamental para comenzar a desandar años de abandono y de desidia en materia de seguridad, sin duda debe implementarse de forma paralela con otras otras acciones concretas complementarias que eficienticen el accionar policial.
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN Y LA ACCIÓN EN TIEMPO REAL
El primer y claro ejemplo de lo que puede y debe hacer un gobierno local tiene que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC).
Las Directrices para la prevención del delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hacen especial hincapié en la importancia de aplicar conocimientos e información adecuados para promover una comprensión fundamentada de la situación actual de la delincuencia, sus causas subyacentes y las posibles estrategias preventivas.
El desarrollo constante de nuevas tecnologías de la comunicación y la información, hicieron que los avances tecnológicos se fueran aplicando paulatinamente como una herramienta para la resolución de los problemas y las demandas de seguridad en las poblaciones. Así, con el objetivo de mejorar la prevención, y promover una mejor calidad de vida de sus habitantes, las TIC se convirtieron en un actor fundamental al momento de formular y desarrollar políticas públicas relacionadas a las problemáticas de la inseguridad y la violencia.
Es por esto que resulta imprescindible que el distrito se tecnifique para desarrollar estrategias eficaces de prevención de los delitos basadas en la aplicación de nuevas tecnologías, de forma de complementar (o incluso eventualmente suplir frente a una marcada carencia) las herramientas del gobierno provincial.
En este contexto, uno de los sistemas tecnológicos aplicados con éxito en diversos distritos de la Provincia de Buenos Aires es el de la video vigilancia integral de los accesos vehiculares con sistemas de reconocimiento de patentes, y aptitud para la utilización de sistemas informáticos de video análisis para la generación de estadísticas y la investigación criminal por parte de las autoridades correspondientes.
Este sistema contribuye decisivamente tanto a la reducción directa de determinados delitos (robo de vehículos, secuestros extorsivos, etc.), como a la generación de información estadística fundamental no solo para el desarrollo de políticas de seguridad pública, sino también de planificación urbana.
CORREDORES SEGUROS Y ENTORNOS PROTEGIDOS
De acuerdo con las perspectivas de los nuevos enfoques que orientan y fundamentan las políticas públicas en materia de seguridad, la presencia del Estado y la participación de los ciudadanos son aspectos clave para el sostenimiento y la mayor eficacia de cualquier medida de prevención y combate del delito.
En este sentido, los Corredores Seguros se refieren principalmente a las medidas tendientes a brindar mayor seguridad a los niños, sus familias y/o acompañantes y personal docente y no docente durante los horarios de entrada y salida de los colegios y a lo largo de los trayectos mayormente utilizados por ellos para ir y volver de la escuela.
Implica la planificación y acción conjunta de las áreas de Seguridad, Educación, Espacio Público, Transito y Seguridad Vial, en coordinación con la comunidad educativa y con los comercios de las zonas involucradas, y la aplicación de tecnología de prevención. Esta última para que permita no solo el seguimiento remoto de situaciones potencialmente peligrosas o conflictivas para la intervención temprana de las fuerzas de seguridad, sino también la implementación de sistemas de alarma y/o asistencia digitales activables desde los teléfonos celulares.
Asimismo, es fundamental desde el gobierno local implementar de forma complementaria medidas de diseño e intervención del entorno urbano que disminuyan las oportunidades de cometer delitos y creen condiciones que hagan que las personas se sientan más seguras. Mayor y mejor iluminación, poda, ordenamiento de las aceras, acondicionamiento de espacios verdes, entre otros.
BOTONES ANTIPÁNICO Y SISTEMAS DE ALERTA COMPLEMENTARIOS
Resulta indispensable que el Municipio asuma un rol activo en la protección de las víctimas de violencia de género y familiar, y de otros sectores especialmente vulnerables como los adultos mayores.
La Ley 12.569 entiende por violencia familiar a toda acción que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Este tipo de situaciones necesitan de una asistencia integral eficaz por parte del Estado en todas sus formas, tal y como lo dispone la Ley Nacional 26.485.
En este sentido, una de las principales garantías que debe dar el Estado en materia de violencia de familiar es la de la protección efectiva de las víctimas mediante todos los medios que resulten necesarios y conducentes para ese fin. Uno de ellos, quizá el principal, es que los vecinos cuenten con una forma simple, directa e inmediata de alertar a las autoridades sobre una situación de riesgo.
Para ello proponemos en Echeverría la implementación de dispositivos antipánico autónomos (stand-alone), junto con otras medidas complementarias, como un sistema de comunicación por SMS o aplicaciones de alerta y comunicación directa para teléfonos inteligentes con conexión 3G o superior y/o Wi-Fi.
En el caso de los botones antipánico autónomos, que son dispositivos de localización y aviso inmediato a las autoridades y fuerzas de seguridad (en forma georreferenciada, sin la necesidad de contar con ningún otro instrumento adicional como ser teléfonos celulares, computadoras, etc.), y serán entregados a todas las víctimas que cuenten con una medida protectiva, o a aquellas personas que atraviesen una situación particular de vulnerabilidad, temporal o permanente, que así lo amerite.
Finalmente, las aplicaciones de alerta y comunicación directa para teléfonos inteligentes con conexión 3G o superior y/o Wi-Fi, podrán ser utilizadas por la población general de manera complementaria con los canales telefónicos directos como el 911.
MAPA DEL DELITO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sin información confiable y oportuna no es posible implementar políticas de seguridad eficaces
Las Directrices para la prevención del delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) establecen que los gobiernos y, en su caso, la sociedad civil deben facilitar la prevención del delito basándose en sus conocimientos, concretamente: a) Proporcionando la información que necesitan las comunidades para abordar los problemas de la delincuencia; b) Apoyando la adquisición de conocimientos útiles y de aplicación práctica, que sean científicamente fiables y válidos; c) Apoyando la organización y la síntesis de los conocimientos y determinando y colmando las lagunas en la base de conocimientos; d) Compartiendo esos conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la comunidad ampliada en general; e) Aplicando esos conocimientos para repetir intervenciones satisfactorias, concebir nuevas iniciativas y prever nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención; f) Estableciendo sistemas de datos para ayudar a administrar la prevención del delito de manera más económica, incluso realizando estudios periódicos sobre la victimización y la delincuencia; g) Promoviendo la aplicación de esos datos a fin de reducir la victimización repetida, la persistencia de la delincuencia y las zonas con altos niveles de delincuencia.
Ello así, los gobiernos municipales poseen plena potestad para avanzar en el desarrollo de estrategias de seguridad y prevención del delito que resulten complementarias con aquellas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y atento al estado de situación actual, resulta indispensable que el Municipio asuma un rol activo en la recopilación, análisis y sistematización de información relacionada con el delito en nuestro distrito, a fin de poder brindar respuestas estratégicas y eficaces al problema de la inseguridad.
Para ello proponemos la creación del Sistema de Información para la Seguridad Pública el cual tiene como objeto:
Identificar las problemáticas en materia de seguridad pública, y realizar propuestas para la formulación de políticas sobre la base de la información producida.
Elaborar el Mapa del Delito del partido de Esteban Echeverría.
Recopilar, generar y proveer información relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre la seguridad pública en el distrito.
En este sentido, el Sistema de Información para la Seguridad Pública debe producir:
Indicadores básicos a partir de todas las fuentes de información disponibles, asegurando una adecuada sistematicidad, continuidad y homogeneidad en la producción de los datos.
Información sobre la incidencia de la victimización en la ciudadanía, desagregada según su tipo, características de las víctimas, delitos (denunciados y no denunciados), lugar, hora y modalidad de producción.
Información sobre vivencia de los vecinos sobre aspectos relacionados con la seguridad y las instituciones vinculadas que sirvan de indicador para la implementación de medidas concretas de prevención
En relación a esto, el mapa del delito constituye una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a las actividades delictivas que se desarrollan en el partido de Esteban Echeverría, y que permite elaborar de un diagnóstico certero y permanente de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas localidades del distrito.
De esa manera es posible desarrollar estrategias de prevención del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad y garantizar una respuesta oportuna a los requerimientos de los vecinos en materia de seguridad.
CONSEJO VECINAL DE SEGURIDAD
Es indispensable promover espacios de participación ciudadana que amplíen la mirada sobre la seguridad y permitan al vecino involucrarse en la búsqueda de soluciones
Este programa tiene por objeto atender a la necesidad de generar un ámbito genuino y abierto de participación que permita conocer desde la propia comunidad local las distintas problemáticas vinculadas a la materia, permitiendo conocer la opinión de los vecinos e incorporar de manera sistemática y ordenada todas sus ideas y aportes.
Estos ámbitos de participación vecinal son un complemento imprescindible para generar y actualizar de forma permanente un Plan de Seguridad Integral, que sin dudas le da sentido a la inversión que se debe hacer desde el Municipio en infraestructura y tecnología, más la suma de los recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que dependen de los Estados Provincial y Nacional.
Esta propuesta se plantea como uno de sus objetivos primordiales ampliar la cantidad y calidad de iniciativas generadas desde lo local y favorecer las solicitudes ante las autoridades provinciales y nacionales de todas aquellas cuestiones que se prioricen dentro del mencionado Plan.
El Consejo Vecinal para la Seguridad tendrá por objeto proponer iniciativas que contribuyan a la elaboración del Plan de Seguridad Distrital, que integre y coordine las iniciativas propias del ámbito Provincial y/o Nacional con las generadas desde el Municipio y la sociedad civil, a fin de abordar los problemas y desafíos relacionados con la seguridad pública en Esteban Echeverría, desde un enfoque multidisciplinario y abierto.
Asimismo, el Consejo Vecinal para la Seguridad realizará las acciones tendientes a promover la participación vecinal de todos los actores sociales del distrito en temas relacionados no solo con la problemática de la seguridad pública en Esteban Echeverría, sino también con temáticas transversales a la misma como educación, desarrollo económico, social y productivo, infraestructura, etc.
CENTRO INTEGRAL DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
El Municipio debe desempeñar un papel activo y preponderante en el apoyo a las víctimas del delito a través de una variedad de servicios y asistencia psicológica, legal y eventualmente material, que permita ayudarles no sólo en la búsqueda de Justicia sino también a recuperarse de su experiencia traumática.
En ese sentido, la creación del Centro Integral de Asistencia a las Víctimas del Delito tendrá por objeto brindar apoyo y atención en materia de
Asistencia inmediata: Proporcionar asistencia inmediata a las víctimas del delito como transporte de emergencia, atención médica, asistencia psicológica y alojamiento temporal, entre otras.
Asistencia psicológica: Ofrecer servicios de asistencia psicológica para ayudar a las víctimas a procesar y superar el evento traumático, incluyendo servicios de asesoramiento, terapia y grupos de apoyo, entre otros.
Participación en el proceso legal. Ayudar a las víctimas a entender el proceso legal y a participar en el mismo si así lo desean. Esto puede incluir proporcionar información sobre sus derechos acompañándolos en los procesos de denuncia, acompañarlos a las audiencias y proporcionarles asistencia jurídica para ejercer su derecho como querellantes en el proceso penal.
TRÁNSITO Y CONECTIVIDAD
ORDENAR EL CAOS DE TRÁNSITO, INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y POTENCIAR LA CONECTIVIDAD
Es indispensable ordenar el caos de tránsito en Esteban Echeverría y mejorar la conectividad y la movilidad del distrito implementando de forma inmediata medidas que tengan como eje:
Mejorar progresivamente mediante un plan integral plurianual el acceso físico a la infraestructura vial para maximizar su eficacia, poniendo en condiciones de toda la red vial.
Aprovechar y potenciar el valor geográfico estratégico de Esteban Echeverría.
Mitigar las consecuencias de la fragmentación socio-territorial generadas por el proceso desordenado de organización espacial del distrito que sucedió durante las últimas décadas.
Promover la cohesión urbana mediante políticas integrales de conectividad, tanto en términos de infraestructura vial como en relación a la reorganización de los servicios de transporte.
Promover los sistemas de movilidad sustentable, particularmente el transporte público de pasajeros.
Para todo esto es indispensable mejorar la infraestructura vial construyendo, reparando, asfaltando o reacondicionando las rutas y calles para mejorar la capacidad del tránsito y reducir la congestión vehicular. Hoy Esteban Echeverría cuenta sólo con un 40% de calles asfaltadas, mientras que el resto del distrito cuenta con calles de tierra o mejorado en malas condiciones.
Además, se pueden implementar medidas como la construcción de carriles exclusivos para bicicletas y colectivos, mejorar la señalización y generar esquemas de circulación en las áreas centrales que se adecuen a la realidad actual del distrito.
También se debe mejorar el transporte público, ya que un servicio de transporte de calidad, eficiente y que alcance adecuadamente a todo el distrito es fundamental para reducir el tiempo de viaje de los vecinos y la cantidad de vehículos en las calles.
Se debe asimismo promover la educación vial, para que los conductores, ciclistas y peatones en cualquier condición puedan compartir de manera segura la vía pública. En este sentido, se pueden implementar programas de educación vial para todas las edades y en todos los medios de transporte, en coordinación con las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil.
Por último, ninguna de las medidas resultará efectiva si el Municipio no ejerce de forma adecuada, permanente y eficaz su competencia en el control del tránsito y el estacionamiento. El Estado ausente es el principal promotor del caos.
PROTEGER EL AMBIENTE PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
La reforma constitucional de 1994 supo zanjar la discusión sobre qué jurisdicción tiene el ejercicio de la competencia ambienta, y recogiendo los criterios más modernos en materia de protección sistémica del ambiente, se incorporó el nuevo artículo 41 que establece que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales”;
Este párrafo pone fin al problema de las competencias en el ejercicio del poder de policía ambiental, a partir de lo cual el Congreso Nacional sancionó normas como la Ley Nacional de Política Ambiental (25.675);
El nuevo artículo 41 no sólo resolvió el problema de las competencias legislativas, sino que, por sobre todo, otorgó rango constitucional a la protección ambiental y consagró como derecho (y deber) fundamental de los ciudadanos el goce y cuidado de un ambiente sano y equilibrado, integrando también la noción de desarrollo sostenible y los principios elementales de la Declaración de Río de las Naciones Unidas.
Así, establece también con claridad la responsabilidad del Estado en cuanto a la salvaguarda de ese derecho, disponiendo que las “autoridades proveerán a la protección de este derecho”, así como también “a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En este sentido, con la expresión “las autoridades…”, el artículo se refiere a la autoridad en sentido genérico, en forma comprensiva de los tres poderes del Estado, e incluyendo sin ninguna duda a los Municipios.
Hoy Esteban Echeverría no cuenta con ninguna política de fondo en materia ambiental, lo que lo hace terreno propicio para la proliferación de actividades contaminantes de todo tipo, como la disposición de residuos en basurales a cielo abierto, la contaminación de cursos de agua con efluentes sin tratamiento, la ocupación de suelo protegido o no apto para ser habitado, etc.
Por ello resulta necesario como eje principal y estratégico desarrollar e implementar un Plan Urbano Ambiental que oriente transversalmente las políticas públicas del Municipio para:
Buscar el equilibrio ambiental y social mediante la recuperación y la conservación del patrimonio ambiental, así como la mitigación del riesgo de actuales y futuras acciones y emprendimientos satisfaciendo las necesidades presentes del distrito sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.
Implementar de forma inmediata medidas reales y concretas que aseguren el saneamiento ambiental de los arroyos tributarios del Río Matanza, y la recuperación de sus márgenes.
Promover de la producción industrial y rural sostenible, desalentando mediante regulaciones restrictivas la radicación de nuevas actividades potencialmente contaminantes, y controlando de forma estricta y permanente las ya existentes alentando su reconversión.
Manejar de forma sostenible de los residuos sólidos urbanos fomentando la reducción de su generación, la separación en origen, la reutilización y el reciclado y la disposición final responsable.
AMBIENTE
GARANTIZAR ESPACIOS ATRACTIVOS, DIVERSOS, SEGUROS Y FUNCIONALES.
El Municipio no sólo debe proteger el espacio público, sino que debe procurar las acciones necesarias para su desarrollo.
Lamentablemente durante las últimas décadas el gobierno local ha carecido totalmente de una mínima política de desarrollo y gestión del espacio público, llevándonos, por ejemplo, a ser uno de los distritos con menor cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitante (sin incluir la Reserva Natural, por supuesto), siendo de tan solo 1,24 m2/h.
El espacio público es el conjunto de los espacios y elementos físicos de dominio público destinados al uso social multidisciplinario y a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, sumados a los espacios y elementos físicos de propiedad privada que se encuentren destinados por utilidad o naturaleza al uso público abierto y multidisciplinario, o que afectan de alguna forma la composición o la calidad de los componentes contenidos en la esfera del dominio público.
El diseño urbano resulta esencial en el desarrollo de espacios de calidad en los que las personas puedan alcanzar la plena satisfacción de sus necesidades básicas de socialización, tránsito y esparcimiento, siendo la sustentabilidad el principal objetivo que deberían procurar todos aquellos que se encuentran involucrados en el proceso permanente de generación y regeneración urbana.
El diseño urbano se relaciona con el proceso de planificación de la ciudad, es decir, con la producción de regulaciones de base que orienten su desarrollo presente y futuro hacia un modelo determinado, y la implementación de programas de gestión tendientes a la consecución material de ese modelo buscado. En este sentido, el diseño urbano —como actividad que se concentra en la creación o regeneración de los espacios físicos en los cuales la sociedad deberá desarrollar sus actividades vitales— es, en definitiva, un obrar permanente orientado a crear espacios para la gente, más allá de las coyunturas, teniendo en cuenta ciertos criterios básicos de calidad y respetando la relación ambiental.
En cuanto al espacio público, las características del diseño urbano sustentable se desprenden de las dimensiones esenciales del espacio público digno, es decir, sociabilidad, calidad morfológica y ambiental, y conectividad. Dentro de este esquema puede afirmarse que los principales objetivos de la gestión local deben ser:
Construir espacios atractivos, diversos, seguros y funcionales para toda la sociedad, contemplando los grupos vulnerables (personas con necesidades especiales, niños, personas de la tercera edad, etcétera);
Desarrollar la identidad de los espacios reforzando sus rasgos distintivos.
Lograr un sistema de redes viales que resulte accesible y promueva la fluidez del tránsito y la conectividad entre los diversos sectores de la ciudad, priorizando el uso peatonal y el transporte público;
Procurar la adaptabilidad de los espacios frente a los constantes cambios de las condiciones sociales;
Establecer una relación equilibrada entre el medio artificial y el medio natural.
En este sentido el diseño urbano es la base material del desarrollo sustentable de una ciudad. Si lo que se pretende es impulsar la calidad del espacio público, se requerirá entonces una cuidadosa ponderación de las diversas situaciones locales, que derive en la elaboración de políticas de gestión diseñadas con respeto por los criterios elementales de calidad. Estas políticas deben apoyarse en la participación de la comunidad y en una clara decisión política de desarrollar un proyecto sustentable.
Así, desde el Municipio se deberá procurar:
Generar condiciones que permitan que cada vez sean más las personas que puedan usar y gozar del espacio público en condiciones de autonomía, independientemente de circunstancias limitantes permanentes o temporales, sean estas físicas o de otra naturaleza.
Reducir las barreras urbanas y generar sistemas normalizados e inclusivos de información en la vía pública.
Promover el diseño participativo de los nuevos espacios urbanos y de las intervenciones de recuperación y transformación de los ya existentes.
Facilitar la integración orgánica y ordenada de los espacios físicos y los elementos naturales y artificiales de dominio público, con los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados que estén destinados por naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas.
ESPACIO PÚBLICO
REFORMAR INTEGRALMENTE EL ESQUEMA TRIBUTARIO ELIMINANDO TASAS Y DERECHOS REGRESIVOS Y/O DISTORSIVOS Y SIMPLIFICANDO TODOS LOS ESQUEMAS ADMINISTRATIVOS
El esquema tributario municipal presenta en general diversas tendencias que se han consolidado a lo largo de los años y que, en función de una vocación netamente recaudatoria, terminan afectando la propia capacidad del distrito para crecer promoviendo la inversión privada y la generación de empleo genuino y de calidad.
En primer lugar, tenemos el problema de las tasas municipales que describen “servicios” identificables y específicamente prestados por pero que utilizan como medida de cálculo índices amplísimos y muchas veces extraterritoriales como los niveles de facturación. Tal es el caso de la “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”, que en algunos municipios se denomina “Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios”.
Cabe aclarar en este punto que por “tasas” se entiende a los tributos que percibe el Municipio como retribución por la prestación de un determinado servicio público divisible (que se puede determinar con exactitud quien lo recibe), o de un uso público, o de una ventaja diferencial proporcionada por ese uso o servicio, en contraposición a los “impuestos” que son tributos sobre prestaciones del Estado naturalmente “indivisibles”.
En este sentido es indudable la distorsión que generan las tasas que toman como base la facturación de una actividad económica (incluyendo la que se realiza en otros distritos), cálculo que los Municipios realizan normalmente utilizando la base del Impuesto a los Ingresos Brutos provincial. Esto es a tal punto distorsivo que en algunos países como Brasil se encuentra incluso prohibido constitucionalmente (art. 145 de la Constitución de Brasil -texto 1988, rev. 2017-, expresa que “2. Las tasas no podrán tener como base imponible la propia de los impuestos”).
Este tipo de imposiciones genera una sobreexplotación de la fuente porque el contribuyente termina pagando múltiples tributos en distintas jurisdicciones por una misma actividad económica, además de ser plurifásicos porque producen un efecto cascada acumulativo sobre las diferentes etapas de la cadena productiva. También impacta significativamente en el comercio, porque reduce el nivel potencial de consumo y producción que serían posibles en ausencia de tales distorsiones.
Por último, estas tasas no solo afectan al nivel de comercio interno, sino también que afectan negativamente a la competitividad de la economía local en el esquema regional, generando un sesgo pro “importador” de bienes y servicios desde otros distritos que no cuenten con este tipo de tributos o que incluso teniéndolos ofrezcan alícuotas más bajas.
Esta situación se presenta también con las contribuciones sobre consumo de energía y gas que aplican algunos Municipios. Estos tributos son pagados finalmente por los ciudadanos locales, aunque de manera indirecta, a través del traslado al precio o tarifa final del bien o servicio. Adicionalmente, en términos de equidad distributiva, el efecto de traslación hacia adelante sobre los precios finales debido al trato diferente entre actividades, afecta a los diferentes estratos sociales dependiendo de la “característica distributiva” de los bienes (Piffano, 2003).
En función de este panorama, desde lo local pueden promoverse medidas para potenciar las capacidades productivas, comerciales e institucionales del distrito, dinamizar la economía local y atraer inversiones.
En primer lugar, respecto de las tasas que gravan las actividades económicas y se calculan sobre la facturación, es posible implementar un Régimen Simplificado que unifique todas las contribuciones municipales sobre las actividades económicas con una reducción real de las alícuotas, y reemplazando en consecuencia tributos como la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene, entre otras.
Esto debe ir acompañado necesariamente por una simplificación de todos trámites que facilite la reducción de los costos asociados a la administración y las gestiones burocráticas.
La complejidad y dilación de los trámites municipales en cualquier etapa del desarrollo de una actividad económica (prefactibilidad, habilitación, inspección, ampliación, cierre, etc.) tiene a menudo un mayor costo asociado indirecto para esa actividad que, incluso, el costo directo de la carga tributaria formal.
Asimismo, esta situación de complejidad, demora y falta de transparencia en los trámites municipales favorece también la aparición de esquemas de corrupción que es indispensable erradicar rápidamente. Las herramientas de promoción de la transparencia como el Expediente Electrónico son en este sentido fundamentales.
El segundo grupo de tasas a analizar son aquellas que, si bien trata “servicios” divisibles, significan gravar las nuevas actividades económicas o la ampliación de otras existentes.
Que el Municipio cobre una Tasa de Habilitación para que una persona física o jurídica comience a ejercer en el distrito su industria o comercio (actividad sobre la cual tributará de forma periódica y permanente a nivel local) desalienta indiscutiblemente las nuevas inversiones.
El Municipio debe eliminar todo tributo de “ingreso” como ser la Tasa de Habilitación, los Derechos de Oficina o la Tasa por Estudios de Prefactibilidad. Reducir los costos locales de inicio (o expansión) de las actividades económicas locales es fundamental para promover el crecimiento. Esto es aplicable también, por ejemplo, a los Derechos de Construcción cuando se trate de inversiones productivas de largo plazo.
En resumen, según la realidad de cada distrito, se puede proponer:
Implementación de un Régimen Simplificado para pequeños y medianos contribuyentes unificando las contribuciones con una reducción real de las alícuotas, y reemplazando las tasas que calculan sobre los ingresos, como la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, entre otras.
Simplificación de los trámites y habilitaciones municipales, con la implementación de trámites a distancia y habilitación inmediata de actividades económicas que por su naturaleza no requieran verificaciones o autorizaciones especiales.
Eliminación de las tasas y derechos distorsivos que hoy representan un costo innecesario para el inicio o la expansión de una actividad económica, desalentando las nuevas inversiones. (Tasa de Habilitación, Derechos de Oficina, Contribuciones por Prefactibilidad)
Identificar adecuadamente las potencialidades del territorio sobre la base del atractivo de los factores existentes y las brechas que deben ser superadas para alcanzar un posicionamiento competitivo en los sectores clave en relación a la oferta regional.
Concertar las decisiones estratégicas de desarrollo económico local, construyendo capacidades institucionales para que todos los sectores puedan interactuar de forma previsible y sostenible, garantizando su continuidad en el tiempo.
ECONOMÍA LOCAL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROMOVER EL DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, CORRIGIENDO LA FRAGMENTACIÓN SOCIOTERRITORIAL Y PROTEGIENDO UNO DE NUESTROS PRINCIPALES ACTIVOS: EL SUELO.
La notoria transformación que ha experimentado el territorio de Esteban Echeverría durante los últimos 45 años, y que continua hoy, demanda inevitablemente evolucionar en el empleo de instrumentos de planeamiento territorial y ordenamiento urbano que permitan asegurar el uso proyectado del suelo, diversificar la oferta de tipologías de urbanización e implementar adecuados mecanismos de participación ciudadana que aseguren el desarrollo inclusivo del distrito, minimizando el impacto negativo de las intervenciones parciales, hechas a medida de proyectos particulares.
Esto es particularmente cierto en nuestro distrito, ya que el Código de Planeamiento Urbano actualmente vigente data del año 1979 (sancionado por el entonces Intendente Municipal de facto, Cap. (R) Carlos Alberto Alesina), con una única revisión integral en el año 1989.
Tanto en el momento de su elaboración como en el de su modificación, el territorio del partido de Esteban Echeverría comprendía lo que actualmente es el partido de Ezeiza, creado en 1994, por lo que el actual código integra en su articulado algunos distritos y especificaciones que no le son propias desde hace más de 20 años.
Así, mientras la superficie total del Partido de Esteban Echeverría en el año 1.979, previo a la creación del Partido de Ezeiza, era de 34.642 hectáreas, siendo su superficie urbanizada de 7.000 hectáreas (un 21% del total), hoy la superficie total del Partido en su actual configuración es de 12.162 hectáreas, con una superficie urbanizada equivalente al 58% de la superficie total.
En el marco de un Plan Estratégico Territorial, el Código de Planeamiento Urbano resulta indispensable para la promoción del desarrollo humano y la consecución de una mayor equidad social con equilibrio ambiental, favoreciendo la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar de manera sostenible su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.
En este sentido, la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) de Quito (2016), incorpora el reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo, y destaca los vínculos entre la buena urbanización y la reducción de la pobreza y la mejora igualitaria de la calidad de vida, que debería contemplarse en todas las políticas y estrategias de renovación urbana.
Por ello no puede soslayarse que la organización espacial, la accesibilidad y el diseño de los espacios urbanos, así como la infraestructura y la prestación de servicios básicos, junto con las políticas de desarrollo, pueden promover decisivamente la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u obstaculizarlas, tal y como sucede hoy en nuestro distrito.
Resulta urgente e indispensable reencausar el camino errático que ha recorrido el Municipio de Esteban Echeverría, entendiendo que la preocupación por la ciudad y por la persona es fundamental para que en el entorno urbano se puedan realizar los derechos y deberes que nos corresponden en un Estado democrático de Derecho
Por estos motivos resulta indispensable promover dentro de los primeros 60 días de gobierno un proceso participativo y abierto a la comunidad para la elaboración de un nuevo Proyecto de Código de Planeamiento Urbano, debiendo de forma previa desarrollarse y publicarse en la página web de la Municipalidad el esquema de trabajo propuesto.
Mientras tanto, resulta indispensable establecer pautas específicas para la concreción cualquier modificación que hasta entonces se pretendan realizar en el ordenamiento vigente.
Que en primera instancia, y teniendo en cuenta los objetivos emergentes del Decreto-Ley Nº 8.912 y sus normas complementarias, resulta necesario fijar un procedimiento específico para que la comunidad conozca con claridad el impacto que los eventuales cambios de zonificación implican, y las herramientas y procesos que las normativas disponen para estos casos.
Los mecanismos dispuestos para el cambio de zonificación de sectores particularizados deben tender a propiciar esta acción dentro de los criterios generales que establecen las normas vigentes, y deben tener una visión integral del distrito desde la cual se resuelvan los sectores particulares. Consecuentemente se debe tratar de un procedimiento transparente y accesible para que la comunidad pueda participar en la aprobación de propuestas de cambio de zonificación solicitadas al Municipio.
Por ello, toda iniciativa dirigida a producir una modificación del Código actual, incluyendo usos, indicadores y zonificación requerirá:
1) Ser sancionada por el Honorable Concejo Deliberante mediante procedimiento de doble lectura, decidiéndose nominalmente la iniciativa en ambas instancias.
2) Ser objeto de Audiencia Pública con posterioridad a su aprobación en primera lectura, y como requisito indispensable para su tratamiento en segunda lectura. A tal fin el proyecto aprobado en primera lectura deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía mediante la página web de la Municipalidad por un plazo no menor a 7 días corridos previos a la Audiencia Pública. También deberá ser puesto a disposición por igual medio y plazo el expediente que dio origen al tratamiento de la iniciativa de modificación, el cual deberá ser digitalizado de manera integral, sin salteos en la foliatura de ninguna clase.
3) En caso de tratarse de cambios de zonificación, usos o indicadores con el objeto de crear nuevos barrios urbanos o ampliar los existentes mediante el desarrollo de loteos bajo cualquier modalidad, resultará indispensable la presentación previa de la factibilidad de los servicios de luz, agua y cloacas, la evaluación de impacto urbanístico y ambiental, y la aptitud hidráulica del terreno.
Aprobada esta medida transicional que asegurará que no se produzcan intervenciones territoriales con impacto negativo o consecuencias indeseadas para el conjunto de la sociedad, se desarrollará un plan indicativo con un enfoque estratégico orientado a los aspectos críticos del sistema, e incremental, haciendo una aproximación cualitativa a los problemas territoriales y considerando la forma en la que previsiblemente evolucionarán. Debe contar con mecanismos de revisión y actualización. Esto se denomina Plan Estratégico Territorial.
Finalmente, a partir de allí se podrá contar con un nuevo Código de Planeamiento Urbano, es decir un ordenamiento urbanístico de clara orientación física y de cumplimiento obligatorio, desarrollado sobre la base de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico, que tenga cuyos ejes críticos sean los siguientes:
Orientar las prácticas y estrategias tanto de de planificación territorial como de desarrollo urbano hacia la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) de Quito (2016).
Reconocer la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo sostenible.
Promover el desarrollo equilibrado del distrito, reduciendo la fragmentación socioterritorial existente.
Destacar los vínculos entre la buena urbanización y la reducción de la pobreza y la mejora igualitaria de la calidad de vida, debiendo contemplarse en todas las políticas y estrategias de renovación urbana
Pensar estratégicamente el territorio para prevenir la pérdida o mal aprovechamiento de activos ambientales y territoriales difícilmente recuperables.
Generar herramientas normativas adecuadas que agilicen la relación entre los particulares y el territorio.